La Ley 1720 generó debate y protestas en distintos sectores sociales y campesinos de Bolivia. Esta norma autoriza al INRA a convertir pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas, con el objetivo de que los productores puedan usar sus tierras como garantía para acceder a créditos bancarios y fortalecer la producción agropecuaria.
El Gobierno asegura que la ley es voluntaria y que no afecta tierras comunitarias ni territorios indígenas. Además, sostiene que busca dinamizar la economía rural y brindar mayores oportunidades de financiamiento a pequeños productores.
Sin embargo, organizaciones campesinas e indígenas expresaron preocupación porque consideran que la norma podría facilitar la pérdida de tierras familiares y abrir paso a la concentración de propiedades. Por ello, se realizaron marchas y movilizaciones exigiendo la abrogación de la ley
La Ley 1720 busca modernizar y flexibilizar el acceso al crédito para productores rurales, pero también ha despertado críticas y temores sobre posibles impactos en la propiedad de la tierra y la seguridad de los pequeños agricultores.
